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Desde 2003 se advirtió de defectos en sistema de aceleración

WASHINGTON - Cuando el Lexus de Peter Boddeart embistió por detrás a otro vehículo en el condado Fauquier, en Virginia, y el accidente le valió una boleta por infracción, escribió a los reguladores federales implorándoles que estudiaran su caso "antes de que alguien termine gravemente herido o muerto".

Eso fue en 2003. Desde entonces se han sucedido cientos de quejas de automovilistas sobre una aceleración no deseada de sus autos Toyota, seis investigaciones federales sin conclusiones claras, múltiples informes de muertes y reiteradas desmentidas de la fábrica de que tuviera un problema grande entre manos.

 

Ese es exactamente el tipo de inercia burocrática que Barack Obama fustigó cuando era candidato presidencial, pero su gobierno no tuvo un director federal de seguridad vial durante la mayor parte de su primer año y, al igual que el gobierno de su predecesor George W. Bush, pasó por alto señales de alarma en el caso de Toyota.

Después de varias investigaciones, recién la semana pasada los propietarios de automóviles Toyota se enteraron de que los reguladores federales, preocupados de que la automotriz no estuviera tomando suficientemente en serio los defectos aparentemente peligrosos, viajaron a Japón en diciembre para entrevistarse con los ejecutivos de la firma.

Mientras tanto, millones de vehículos Toyota siguieron siendo conducidos por automovilistas desprevenidos sobre la magnitud del problema y los autos se siguieron vendiendo.

En combinación con el retiro de vehículos a causa de un metal tóxico, el cadmio, que salió a la luz por el escrutinio de la prensa en vez de la inspección federal, el episodio de Toyota ha planteado interrogantes acerca de si el gobierno de mayoría demócrata será más ágil en la protección del consumidor que lo que fue el gobierno de Bush.

Toyota ordenó el retiro de vehículos a fines de septiembre, dejando a millones de automovilistas en la duda de si sus unidades eran seguras de manejar y empañando la reputación de una compañía que había sido sinónimo de autos seguros y confiables.

El proceso del retiro de millones de Camry, Corolla y otros modelos populares de Toyota comenzó hace años, suscitado por la advertencia de Boddeart _de 83 años, quien murió en abril_ y otros preocupados de que sus automóviles salieran impulsados por sí mismos.

Allá en 2003, Boddeart dijo a los reguladores que el accidente era la tercera vez que su Lexus LS400 modelo 1999 aceleraba inesperadamente y les pidió que investigaran.
Cinco meses después, el pedido del solicitante de 83 años fue archivado "en vista de la necesidad de asignar según prioridad los recursos limitados de la NHTSA", la agencia de seguridad vial, una explicación común en las cartas de rechazo.
Sin embargo, hubo más investigaciones.
El defensor de los consumidores Ralph Nader, que expuso las fallas de la industria automovilística en su éxito editorial de la década de 1960 "Inseguro a cualquier velocidad", dijo que los problemas se debían a "una agencia regulatoria que se convirtió en una firma consultora debido a las presiones empresariales y la negligencia de la Casa Blanca".
La agencia de seguridad vial careció de un administrador permanente durante casi todo el año pasado.
El primer elegido por Obama, Chuck Hurley, director general de la organización Madres contra los Conductores Ebrios, retiró su candidatura después que los ambientalistas lo criticaron por mostrarse demasiado débil en cuanto a las normas de eficiencia en el combustible.
Recién en diciembre el presidente propuso a David Strickland, ex asesor del Comité Senatorial de Comercio, Ciencia y Transporte, que fue confirmado.
Ahora el Departamento de Transporte ha acelerado su investigación y advirtió que Toyota podría enfrentar penalidades civiles de hasta 16 millones de dólares por no haber ordenado a tiempo el retiro de vehículos a fin de repararlos, pero el gobierno ha enviado un mensaje contradictorio.
El secretario de transporte Ray LaHood aconsejó la semana pasada a los propietarios de los Toyota cuyo retiro se ordenó que dejaran de conducirlo, pero rápidamente se retractó.
El Congreso investiga y los legisladores planean al menos dos audiencias sobre el caso de Toyota.