El no contar con un Decreto específico sobre la importación definitiva de vehículos usados y dejar el tráfico a expensas del contrabando para regularizarlos al amparo del actual Decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, o de la tramitación bajo el procedimiento T-MEC, generará una importante merma en la recaudación fiscal y la pérdida de control relativa a la identificación de los importadores, favoreciendo el lavado de dinero y la actividad del crimen organizado.

Además de que se propiciará la simulación procesal al declarar cumplimiento a la Regla de Origen sin los elementos metodológicos contemplados en el T-MEC, lo que podría alentar situaciones de corrupción de funcionarios públicos.

El Decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados sin duda es sensible al problema económico, ambiental y fiscal que implica la importación de vehículos usados, pudiendo brindar seguridad jurídica a los importadores o propietarios de esta mercancía; situación por la que manifestamos no sólo el acuerdo con su contenido sino que apoyamos su existencia misma.

El Decreto de Importación Definitiva de Vehículos Usados es el mecanismo adecuado para tener un comercio legal y ordenado de unidades usadas, por lo que ha exhortado a la CONAMER a dar luz verde a su publicación.

Finalmente, es importante señalar que impulsar el contrabando mediante el actual Decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera genera graves afectaciones al país, por ello es que hemos insistido en que se termine la regularización del contrabando automotriz extendida por el anterior gobierno hasta el 30 de septiembre de 2026.

Este viernes, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, se publicó la ampliación del decreto en la materia hasta el 30 de septiembre próximo, contemplando un nuevo Estado en su aplicación.

“No hay justificación alguna para agregar a Hidalgo, una entidad del centro del país, cuando tres Estados fronterizos (Tamaulipas, Chihuahua y Baja California) concentran el 52.7% de la regularización. Esto no hará más que complicar aún más la operación del Registro Público Vehícular (REPUVE), entidad encargada de realizar el trámite y que, a pesar de los esfuerzos de sus funcionarios, opera en la obsolescencia total”, afirmó.

Cada Estado que se suma evidencia la lastimosa operación en que está operando este organismo, el cual debería funcionar con lo último en tecnología ya que se trata de la base de datos más importante sobre el estado del parque vehicular a nivel nacional, advirtiendo a los ciudadanos sobre las condiciones lícitas o ilícitas en que se encuentra un vehículo.

“En las condiciones que opera el REPUVE es incapaz de detectar que los vehículos que se están regularizando hayan entrado al país antes del 19 de octubre de 2021 como estipula el Decreto para su regularización, o de constatar que éstos cumplen con las condiciones físico mecánicas y medioambientales para circular en México, por lo que se terminan legalizando unidades que ni siquiera están de forma presencial en los centros físicos o, incluso, aún están en Estados Unidos”, advirtió.

Y es que las mafias y burócratas corruptos que se están beneficiando de esta regularización mantienen el control sobre su introducción y comercialización.

“Con esto se consolida otro de los temores de los distribuidores sobre que en cada ampliación al Decreto se irán sumando cada vez más entidades a la regularización hasta que en todo el país pueda realizarse tal trámite, extendiendo este problema fronterizo a todo México”, argumentó Rosales Zárate.

“La entrada masiva de vehículos usados sólo beneficia a las mafias que lucran con su introducción y comercialización”, lamentó Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la AMDA sobre el anuncio de Rosa Icela Rodríguez, en cuanto a la ampliación del decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera hasta el 30 de septiembre de 2023.

El presidente ejecutivo de la AMDA explicó que en tres días, el próximo 30 de junio concluiría tal disposición, pero no será así; el problema ahora es que hay más unidades de las que había antes del 19 de enero de 2022 en situación de irregularidad esperando su legalización, cuando se publicó el decreto.

Esta será la quinta ampliación, ya que inicialmente el Decreto contemplaba concluir el 20 de julio de 2022.

“Cada ampliación es una evidencia más de su fracaso, ya que no es posible que después de casi 1.6 millones de vehículos regularizados sigan ingresando diariamente vehículos en contrabando, habiendo lista de espera y ninguna penalización clara para los propietarios que no legalicen sus unidades, por lo que este fenómeno continuará como una regularización sin fin”, destacó.

Guillermo Rosales señaló que “es grave que el Registro Público Vehicular no verifique el cumplimiento de lo exigido en el Decreto respecto a regularizar sólo vehículos que se encontraran ilegalmente en el país antes del 19 de octubre de 2021, así como no regularizar aquellos que esté restringida o prohibida su circulación en el país de procedencia o en México; o que no cumplan con las condiciones físico mecánicas o de protección al medio ambiente, de conformidad con las disposiciones federales o locales aplicables”.

Con este nuevo anuncio, apuntó Rosales Zárate, se cumplió el principal temor de los distribuidores de automotores en cuanto a que el Decreto continuará, incluso, hasta finales del sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que seguirá alentando la cadena delictiva del contrabando automotriz.

“Es preocupante que en la recta final del actual Gobierno de la República seguimos esperando el diálogo para desarrollar políticas públicas en favor del financiamiento automotriz y profundizar un programa de renovación del parque vehicular”, dijo.

“La meta de eficiencia energética es vulnerable para el país al seguir permitiendo la penetración de vehículos siniestrados y sin las medidas de seguridad adecuadas comprometiendo la integridad física de los ciudadanos”, aseguró Rosales Zárate.

En opinión de la AMDA, el actual proceso de regularización de vehículos de desecho nulifica los objetivos planteados por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en el proyecto de “Acuerdo por el que se expide la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica” publicado en el portal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) el 20 de junio.