JULIO BRITO A.

Cancún, Q. Roo. Durante el XXV Foro Nacional de Transporte de Mercancías, Leonardo Gómez, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), advirtió que el uso de combustibles ilegales y el reciente aumento de aranceles están generando distorsiones profundas en la cadena logística y productiva del país.

Gómez celebró que en algunas ciudades del país ya se distribuye diésel de ultra bajo azufre (UBA), pero insistió en que esta condición debe ser homogénea en todo el territorio nacional. “Es un tema de eficiencia, de salud pública y también de cumplimiento legal. El combustible sucio no debe seguir en circulación, sobre todo si proviene de fuentes irregulares”, expresó.

El directivo destacó que las áreas de cumplimiento (compliance) de muchas empresas ya están entrenadas para detectar inconsistencias en la compra de combustible. “Cuando te ofrecen diésel por debajo del precio del mercado, algo está mal. El origen importa”, subrayó.

Además, alertó sobre los efectos del alza arancelaria, especialmente en sectores transversales como el automotriz, el acero y la construcción. “Sí, hay menos movimiento de carga. Y sí, los transportistas están resintiendo la baja. Pero más allá del impacto económico, debemos cuidar la integración comercial de Norteamérica”, enfatizó Gómez, aludiendo a los principios del T-MEC.

Finalmente, llamó a reforzar la supervisión de las cadenas de suministro y a trabajar por una política energética más transparente y alineada con la normatividad ambiental e

Al encabezar el Foro “Descarbonización del Autotransporte de Pasajeros y Carga en México”, el presidente Ejecutivo de ANPACT, Rogelio Arzate, destacó que, “solo a través de una colaboración estrecha entre todos los actores clave, se podrán alcanzar los objetivos que hemos trazado como país, en línea con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y los compromisos establecidos en el Plan México que ha delineado la presidenta Claudia Sheinbaum, en busca de mitigar el cambio climático y avanzar hacia un transporte más sostenible”.

Las discusiones y trabajos realizados en el foro contribuirán a desarrollar dicha hoja de ruta, así como   objetivos, acciones e instrumentos a corto, mediano y largo plazo para transitar a la descarbonización del sector autotransporte de la mano de autoridades gubernamentales, empresas de energía, transportistas, permisionarios, universidades, ONGs, sociedad civil y la propia industria automotriz de vehículos pesados.

“Abordaremos las diferentes tecnologías sustentables, considerando la infraestructura energética necesaria y las políticas públicas que respalden esta transición. Esto incluye el suministro consistente y estratégico de la fuente de energía, así como la implementación de incentivos e instrumentos financieros para facilitar la adopción de vehículos más sostenibles”, comentó.

Asimismo, enfatizó que el trabajo conjunto es la clave para garantizar que el autotransporte del futuro sea eficiente, accesible y respetuoso con el medio ambiente.

“En ANPACT seguimos firmemente comprometidos con ser un actor clave en esta transición. La renovación de la flota vehicular no solo es una meta, sino una necesidad urgente para mejorar la calidad del aire, reducir las emisiones de gases contaminantes, fortalecer nuestra economía y garantizar un futuro más saludable para las generaciones venideras”, aseguró Arzate.

En el foro, los asociados de ANPACT coincidieron en que no existe una solución única al apuntalar que la transición hacia la descarbonización debe incluir la coexistencia de tecnologías limpias como los motores Euro VI / EPA 10 que utilizan diésel ultra bajo en azufre, para lo cual se requiere el suministro consistente, estratégico y de calidad, así como los alimentados por gas natural vehicular, electricidad, con hidrógeno verde y el uso de biocombustibles.

En ese sentido, explicaron que la renovación de flota a nivel nacional es uno de los principales desafíos al considerar que la edad promedio de la flota oscila entre 18 y 29 años, por lo que es fundamental contar con programas, políticas públicas, incentivos fiscales, reglas claras y metas basadas en la realidad para lograr los objetivos.