Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 30/09/2025
JULIO BRITO A.
Sin previo aviso ni justificación comercial convincente, el gobierno de Estados Unidos decidió imponer un arancel del 25% a la importación de camiones pesados provenientes de México. La medida sorprende porque el comercio bilateral en este sector había sido ejemplo de integración bajo el T-MEC: plantas en territorio mexicano exportan más del 95% de su producción hacia el mercado estadounidense, en una relación simbiótica que parecía blindada de tensiones políticas.
El golpe llega en un momento delicado: entre enero y agosto de 2025, la producción de vehículos pesados en México cayó 31.6%, mientras que las exportaciones retrocedieron 25.8%, según datos de la ANPACT y el INEGI. A esa contracción estructural se suma ahora un arancel que encarece artificialmente los camiones mexicanos en su principal destino de exportación.
El impacto es directo y profundo. Empresas como Daimler Truck México (Freightliner en Saltillo), Kenworth Mexicana (PACCAR en Mexicali), International Navistar (Escobedo, Nuevo León) y Volvo/Mack (Tultitlán) concentran el grueso de la producción nacional. Todas dependen del mercado estadounidense y enfrentan un escenario donde sus unidades llegarán con un sobrecosto que amenaza ventas, márgenes y empleo.
Lo más preocupante es la ausencia de explicación: no se alega dumping, subsidios ni incumplimiento de reglas de origen. El argumento es difuso, enmarcado en la retórica de “seguridad nacional” que el gobierno norteamericano ha utilizado para gravar sectores sensibles. En los hechos, se trata de una barrera proteccionista que castiga la competitividad mexicana y pone en entredicho la certidumbre del T-MEC.
Para México, el riesgo inmediato es la parálisis de un sector que ya venía debilitado, con el consecuente efecto en miles de empleos directos e indirectos. El rendimiento, paradójicamente, está en la urgencia de diversificar mercados —América Latina y Europa— y en la posibilidad de que este choque reactive la defensa jurídica en foros internacionales.
AUTOS.- La imposición de un arancel del 25% a los vehículos de pasajeros exportados desde México a Estados Unidos abrió un escenario de incertidumbre que amenaza con frenar la integración automotriz de Norteamérica. Los cálculos preliminares muestran tres posibles rutas: un escenario moderado con una contracción del 10% en exportaciones, equivalente a 2.97 millones de unidades producidas; uno severo con una caída del 25%, que reduciría el volumen a 2.47 millones; y uno crítico donde la exportación se desplome hasta en 50%, con apenas 1.65 millones de autos enviados a su principal mercado.
Más allá de los números, el problema central radica en la anarquía para determinar el contenido regional bajo el T-MEC. El gobierno estadounidense ha dejado a discreción de sus agencias la validación de los porcentajes de integración, lo que provoca detenciones en aduanas, encarece la logística y genera un clima de desconfianza. En los hechos, el arancel se convierte en un arma de presión política disfrazada de medida comercial.
El peligro actual es la inhibición de nuevas inversiones en México, pues ninguna armadora destinará capital si no existe certidumbre sobre las reglas del juego. Sin claridad regulatoria, la industria automotriz mexicana podría perder la carrera en el nuevo mapa global de movilidad.
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