Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 10/02/2026
JULIO BRITO A.
jbritoa@yahoo.com
Desde 2019, la relación entre el Gobierno Federal y la Iniciativa Privada (IP) en México ha sido un ejercicio de ilusionismo estadístico. Hemos visto desfilar anuncios de inversión como si fueran triunfos consumados, desde aquel lejano Acuerdo Nacional de Infraestructura de 2019 hasta el reciente y rebautizado “Portafolio de Inversión 2026”. Sin embargo, al contrastar las promesas con la realidad de la Inversión Fija Bruta, surge una pregunta ineludible: ¿Son viables estos proyectos o son solo una tregua narrativa para calmar a los mercados?.
La viabilidad de un proyecto no depende de la foto en Palacio Nacional, sino de la confluencia de tres factores: certidumbre jurídica, infraestructura de soporte y rentabilidad operativa. Durante este ciclo (2018-2026), México ha fallado sistemáticamente en los tres. La “tregua” actual, que ha inflado el portafolio a la estratosférica cifra de 406,800 millones de dólares, parece más un mecanismo de defensa mutua ante la revisión del T-MEC que un plan de negocios ejecutable.
La historia de los “fallidos intentos” comienza con la cancelación del aeropuerto de Texcoco, un golpe de autoridad que instaló un ADN de desconfianza. Desde entonces, los paquetes de inversión de 2020 y 2021 se convirtieron en listas de deseos. Muchos de esos proyectos de transporte y energía nunca vieron la primera piedra porque el marco regulatorio se movió bajo los pies de los inversionistas. Según datos que coinciden con las encuestas de gobernanza de Banxico e INEGI, el 71% de los especialistas del sector privado señalan que la incertidumbre política y la falta de Estado de Derecho son el principal freno. Sin un sistema judicial independiente, cualquier “portafolio” es, en esencia, un contrato que una de las partes puede romper unilateralmente.
Hablemos de la viabilidad técnica. El nearshoring no es un decreto, es una demanda de recursos. El gobierno celebra anuncios masivos en el norte y el Bajío, pero la realidad operativa muestra parques industriales trabajando con plantas de luz diésel porque la CFE no puede suministrar los megawatts prometidos. ¿Es viable invertir en una planta de semiconductores cuando el suministro eléctrico es intermitente y el agua está concesionada al límite? La respuesta del mercado es cautelosa: la Inversión Fija Bruta apenas ha logrado recuperar los niveles de 2018, lo que demuestra que los empresarios están invirtiendo lo mínimo necesario para mantener sus operaciones, pero no están apostando por la expansión transformadora que presume el discurso oficial.
El cambio de terminología de “anuncios” a “portafolio” es la confesión más clara del fracaso de los planes previos. Al agrupar promesas plurianuales, la Secretaría de Economía intenta ocultar que la tasa de materialización de los proyectos es alarmantemente baja. Un proyecto es viable cuando el flujo de caja está asegurado por reglas claras. Hoy, con la eliminación de órganos autónomos como el IFT o la COFECE, el inversionista queda a merced de la voluntad política del momento.
En conclusión, la viabilidad del gran “Plan México 2026” pende de un hilo. No es la falta de capital lo que detiene al país —el dinero sobra en los mercados globales—, sino la falta de confianza estructural. Mientras el 71% del empresariado mantenga el freno de mano por la inseguridad jurídica, el portafolio seguirá siendo un espejismo de papel. La tregua actual es pragmatismo puro: los empresarios sonríen para la foto para proteger lo que ya tienen, pero guardan sus chequeras para cuando la realidad técnica y legal de México sea tan sólida como sus discursos.
